El proyecto de ley 24.811, presentado por el Poder Ejecutivo, busca establecer la obligación de que los proveedores de servicios de criptoactivos en Costa Rica reporten información a la Administración Tributaria. Esta medida responde a los lineamientos del Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) de la OCDE, que promueve el intercambio automático de información entre países para combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas.
El proyecto identifica a Costa Rica como una jurisdicción relevante en este sector, señalando que al menos una empresa, SLEX Crypto Exchange, ya opera en el país. Además, destaca que la opacidad de las operaciones con criptoactivos, la facilidad para transferir fondos transfronterizos y la volatilidad del mercado dificultan la aplicación de normas fiscales y el control tributario. Sin embargo, la normativa no especifica la información exacta que deberán reportar los proveedores, dejando esta definición a la Dirección General de Tributación, que deberá establecer los obligados y los procedimientos mediante una resolución de alcance general.
El proyecto también permite a la Administración Tributaria intercambiar la información obtenida con otras jurisdicciones con las que Costa Rica tenga acuerdos de cooperación en materia fiscal. Para garantizar el cumplimiento, se propone un régimen sancionatorio que impone una multa del 2% de los ingresos brutos del infractor del año anterior, con un mínimo de tres y un máximo de 100 salarios base.
El Gobierno se ha comprometido a implementar el CARF antes de 2028, por lo que, en caso de aprobación, tendrá un año para reglamentar la ley y definir los procedimientos específicos de reporte. El proyecto cuenta con las firmas del presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y será asignado a una comisión legislativa para su respectivo trámite y discusión.
Fuentes: www.hacienda.go.cr ICS. La Gaceta.