“Hackear a un ser humano es conocer a esa persona mejor de lo que se conoce a sí misma”. Yuval Noah Harari“
El próximo martes 31 de mayo del 2022 vence el plazo para presentar sin sanciones la declaración ordinaria del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, esto de conformidad con la Resolución N° DGT-ICD-R-013-2022 “Adición a la Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales N° DGT-ICD-R-06-2020”.
Tal Resolución prorrogó el plazo para la presentación de la declaración ordinaria del plazo 2022 del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) hasta el día 31 de mayo del 2022 inclusive, debido a la suspensión temporal de los sistemas con que opera el Ministerio de Hacienda, o sea el próximo martes.
La Resolución dejó claro que dicha prórroga es excepcional y que para los años subsiguientes les corresponderá a las personas físicas y fideicomisos obligados, presentar la declaración en el mes de abril de cada año.
Es importante reflexionar sobre esta obligación, lo caro que le ha resultado a las empresas y a los grupos de empresas cumplir con ella, y es importante también reflexionar sobre la sensibilidad de esta información una vez se acopia toda en un solo lugar, vistas las debilidades demostradas de nuestras instituciones ( sin que pueda decirse de todas ) para resguardar nuestros datos, que los datos son nuestros, que no quepa ninguna duda.
Y esta reflexión cobra importancia porque pretender que al hacer a todos cumplir esta obligación, el crimen organizado iba a detener su actuar criminal, no es realista. Mas bien, al estar los datos de los dueños de las empresas y de los fideicomisos en un solo lugar, el crimen organizado tiene fácil la tarea más difícil de todas: conocer bien a sus víctimas conociendo su organización empresarial y sus relaciones societarias, creadas para generar empresas y producir riqueza.
Y luego lo otro: si al hacer este registro íbamos a mejorar la recaudación al atacar el fraude, merece la pena preguntarle a las autoridades, cómo han usado esta información y qué resultados diferentes o abrumadores ha generado tenerla a su haber cuando ya contaban con herramientas suficientes en las leyes para poder investigar el fraude, por ejemplo, el acceso a cuentas bancarias, el suministro de información y las potestades de fiscalización, amplias en nuestro medio.
En un entorno de desconfianza como el actual, donde no se sabe todavía qué pasó con la información de nuestras declaraciones, donde a tantas semanas de los ataques de Conti, no tenemos claro el daño hecho ni el camino a seguir ni las medidas de prevención a futuro, cabe preguntarse si es prudente seguir acopiando toda nuestra información en un solo lugar, que además sabemos, no es seguro.
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